Resumen: Delito de lesiones cometido en el extranjero. Dolo de causar lesiones manifestado por previas amenazas y por la forma de la agresión. Inexistencia de medio peligroso para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado. Reconocimiento realizado en el juicio por un testigo presencial. Falta de concurrencia de atenuante por dilaciones indebidas. Retirada de acusación respecto de algunos acusados.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone, a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, una sanción de suspensión de funciones por cuatro días al considerarle responsable de una infracción leve. Caducidad. Plazo para entender existente la misma: seis meses. Suspensión del procedimiento: Carece de tal consideración la solicitud a la Subdelegación de Gobierno de Guipúzcoa del expediente sancionador abierto a la ciudadana a raíz del acta de denuncia extendida por el demandante. Se trata de una diligencia probatoria ordinaria, que debe cumplimentarse en el plazo previsto para ello. Se indica en el expediente que por esta última causa el expediente estuvo suspendido 47 días, y computando los mismos así como el plazo de suspensión por COVID, se especifica como fecha término a partir de la cual se provoca la caducidad del expediente la de 28 de diciembre de 2020. No obstante y como hemos indicado, la suspensión de plazo para práctica de pruebas fue infundada, lo que determina que los días empleados en ello deban computarse a efectos de caducidad, por lo que a 21 de diciembre de 2020, fecha de notificación, el expediente estaba ampliamente caducado. Estimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: RECURSO LEY 41/2015. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.Delito: Contra la salud pública.Motivos: Drogadicción. Individualización de la responsabilidad personal subsidiaria.
Resumen: La constatación de la insuficiencia de bienes del deudor principal en el procedimiento recaudatorio seguido contra él, la declaración de insolvencia efectuada en otro procedimiento administrativo o judicial y la declaración de concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación serán circunstancias suficientes para la consideración del deudor principal como insolvente a efectos de exigir el pago de la deuda al responsable subsidiario En ningún momento la norma obliga a la Seguridad Social a instar la disolución y liquidación de la sociedad y no a buscar, sino a provocar la existencia de responsables solidarios que al momento actual no existen. Se comprende por tanto el alegato de la Administración cuando dice que de existir, estaríamos ante una circunstancia más favorable a la recaudación. Por ello reiteramos que basta la constatación de la insolvencia, algo que se constata en el expediente para dirigirse contra el responsable subsidiario y por ello los alegatos efectuados, son inconsistentes en la medida en que es el propio actor, socio al 50 % el que puede designar más bienes si los hubiera. Por todo ello procede desestimar el presente recurso.
Resumen: CONDUCCIÓN BAJO INFLUENCIAS BEB.ALCOHÓLICAS/DROGAS
